Constitucionalismo Colombiano

Con la Constitución Política de 1991, Colombia dio un salto sin precedentes en la consagración de garantías ciudadanas, lo que implicó una transformación del poder público. El pasar de un Estado de derecho a un Estado Social de derecho, y el establecimiento de un mecanismo efectivo para materializar la justicia y alcanzar los fines del estado, esto es, la acción de tutela (también llamada “acción de amparo”), Colombia se ubicó dentro de los pocos países del mundo con una carta de derechos propia del nuevo constitucionalismo.

El estado social de derecho supone para la mayoría de la población Colombiana que vive en situación de pobreza extrema “estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad” (H.L. Wilensky, 1975).
Por otro lado, la democracia constitucional desarrollada por la carta magna de 1991 buscó la armonización de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, evitando desbordamientos del poder ejecutivo mediante el control jurisdiccional.

Pues bien, no hacer una crítica al debilitamiento de la Constitución Política a través de la acción del actual gobierno Colombiano es pasar por alto un atentado contra el principal medio defensa que tenemos los ciudadanos. Si bien es cierto que a lo largo de la historia el poder político ha estado permeado por la corrupción -importante obstáculo para el desarrollo-, lo que se ha visto en los últimos años en Colombia no tiene carta de presentación. Como dicen algunos medios de comunicación “sin ruborizarse” el gobierno de la mano con un gran número de parlamentarios ha modificado nuestra constitución en puntos álgidos y que implican un retroceso en el camino hacia la democracia constitucional. Posibilitar la reelección del presidente, uno de los mandatarios más populares pero que más daño nos ha hecho con sus políticas direccionadas a privilegiar grupos élite del país, vislumbra la ruta hacia el absolutismo. Por otro lado, iniciativas surgidas del seno del Uribismo, como la Inmunidad parlamentaria, solo dejan ver el grado de cinismo de quienes conforman el legislativo, gran parte de los cuales están siendo investigados por recibir prebendas para votar favorablemente la primera reelección presidencial, y ahora temen por el voto de la segunda iniciativa reeleccionista.

¿Qué le espera al constitucionalismo colombiano? Con la perpetuación en el poder del Uribismo seguramente estamos destinados al retroceso en las garantías constitucionales que alguna vez se establecieron. Si con los falsos positivos donde cientos de Colombianos inocentes han muerto de la mano de las fuerzas militares, ahora el escándalo por la entrega de más de 30 notarías donde el presidente de la república posesionó notarios con la finalidad de obtener votos a favor de la primera reelección, y muchísimos más hechos que vinculan directamente al presidente en conductas delictivas, no ha sido posible la salida del poder del presidente y su gabinete, no podría pensar que más se necesita para que culmine este periodo de corrupción.
Hago referencia a 2 textos relevantes en el tema. El primero, un fallo de Tutela bellísimo de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia hito en materia de estado social de derecho T-406 de 1992, y el segundo, un artículo de la revista Semana, acerca del testimonio del ex Superintendente de Notariado y Registro, a propósito de la “feria de Notarias” http://www.semana.com/noticias-politica/ventilador-notarias/125628.aspx