sexta-feira, 17 de Outubro de 2008

Crisis del sistema jurídico estatal y la consolidación de sistemas alternos: Un pluralismo jurídico amplio

Podría decirse que quizá, el sistema jurídico colombiano siempre ha estado en crisis. Esta afirmación viene dada por la ineficacia del derecho para cumplir con sus postulados de regulación social dentro de unos parámetros determinados por el momento histórico en el que se desenvuelve, actualmente hablamos de Estado Social de Derecho.
Es menester mostrar como el concepto de derecho puede ser tan amplio, y por tanto, poseer tantas aristas como sociedades a regular.
Si bien para muchos doctrinantes el pluralismo jurídico sólo puede ser predicado de sistemas jurídicos paralelos que emanan de una institución legítima y legal, como es el caso del estado y/o organismos internaciones, en Colombia es indudable que el término pluralismo jurídico toma otras dimensiones más amplias.
La pluralidad de sistemas legales nace como consecuencia de la crisis hegemónica del estado moderno, donde múltiples grupos sociales tienden a construir una esfera jurídica independiente a la estatal, y en este sentido, cada uno opera dentro del mismo espacio con reglas propias de funcionamiento, pero ¿Qué pasa cuando existe un sistema coercitivo alterno, capaz de suplir en ciertos aspectos la ineficacia del derecho y del estado mismo? Indudablemente se llegará al desplazamiento de un sistema legal por otro, con inminentes riesgos para la estabilidad institucional y los derechos de los habitantes. En Colombia, los grupos al margen de la ley, ya sean rebeldes u organizaciones de delincuencia común, han sido la respuesta a necesidades sociales sobre las cuales el estado se muestra incapaz de ofrecer una solución eficaz, no obstante, han sido los principales gestores de sistemas jurídicos alternos, con un altísimo poder de coercitividad, no moral, sino por la fuerza; ejemplo de ello son los territorios en los que la fuerza pública ha perdido margen de acción, entrando, en el caso más habitual la guerrilla de las Farc o los paramilitares a ocupar y manejar estos territorios con reglas propias.
Por si solo, ya es problemático pensar que en un estado puedan existir varios sistemas jurídicos, algunos de ellos al margen de los postulados constitucionales y legales, pero lo que hace aún más compleja la situación, es que el gobierno mismo acepte políticamente dichas regulaciones, permitiendo la flagrante violación de derechos constitucionales en todos sus grados. Pues bien, Colombia, con su referente de conflicto armado permanente, ahora se ve envuelto en una de las mayores crisis institucionales de la historia, producto de la infiltración de grupos paramilitares en las altas esferas nacionales, como es el caso del gobierno, congreso, y hasta la misma rama judicial.
En el informe entregado ayer por Human Rights Watch, se acusa al presidente Álvaro Uribe de impedir el transparente funcionamiento de la justicia en los procesos que se adelantan contra los paramilitares, sin embargo, siendo una realidad evidente para la vida del país, brilla por la ausencia de control por parte de las demás instituciones.
Como siempre, la solución a esta problemática lleva a repensar el derecho de acuerdo a la dinámica social, buscar medios eficaces para responder a las necesidades colectivas y exigir la presencia de organismos internacionales que velen por el control del poder político, sin embargo, es una tarea tan difícil que la historia misma ha demostrado que para sociedades tan complejas como la nuestra, el derecho formalmente considerado, definitivamente, se queda corto.

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